jueves, junio 30

La ética de la mala leche, por Jorge Arrate

El Mostrador
Columna de Opinión
30 de Junio del 2005
Las recientes denuncias de la derecha sobre actos irregulares en entes públicos constituyen un cuadro de perfecta convergencia entre sus concepciones doctrinarias, sus afanes políticos y sus intereses económicos. Doctrinariamente la derecha chilena se caracteriza por una sistemática estrategia de desprestigio de lo público, de lo colectivo, de aquello que no es privado o individual. Con oportunismo invoca la ética cada vez que puede desprestigiar al sector público. Al mismo tiempo tiene manga ancha para juzgar los comportamientos económicos privados. La ley, adecuadamente, atribuye mayor gravedad a las conductas ilícitas de los funcionarios públicos que a las de un individuo sin ninguna investidura. Pero, obviamente, las faltas a la ética no ocurren sólo ni exclusivamente en el Estado. Es más. Para estos efectos parece de dudosa eficacia la distinción binaria entre público y privado. Hay importantes áreas donde el interés público ha sido encomendado a entes privados. Por ejemplo, la seguridad social. Acertadamente el Ministro Eyzaguirre ha señalado que las AFP ---y las empresas cuyas acciones las AFP están autorizadas a adquirir como inversión de sus afiliados, quisiera agregar por mi parte--- debieran estar sometidas a normas especiales de transparencia. También las Universidades privadas que reciben importantes subsidios estatales. Y las ISAPRES que tienen a su cargo la función social de proveer salud y las Mutuales de Seguridad que protegen al trabajador que sufre un accidente laboral. Todas estas instancias son privadas y, si bien están sujetas a regulaciones, ninguna aparece sometida a normas públicas de transparencia y de incompatibilidades en lo referido a sus contratos con particulares. ¿Cuántos parientes de los candidatos de derecha o de los miembros de las comisiones políticas de sus partidos trabajan o contratan, sin fiscalización pública, con estas entidades? Los elementos políticos de contexto son obvios: la derecha busca remontar su posición en el escenario electoral y para ello agita el tema de la corrupción en el aparato estatal, uno de los que más golpea la conciencia pública. Por otra parte, la derecha apunta directamente al Presidente de la República, en la medida en que es una figura política que no pierde vigencia con el término de su mandato y que su prestigio es reconocido por amplios sectores ciudadanos. Además hay un interés económico inocultable. Desde hace muchos años la derecha desea la privatización de CODELCO. La empresa deja importantes ganancias al Estado, a todos los chilenos. La voracidad de la derecha apunta a transferirlas a agentes privados. No en vano varios de los miembros de las direcciones superiores de los partidos de derecha y muchos de sus candidatos, son hombres de fortuna. No les vendría mal incrementarla con un negocio seguro como es la explotación del cobre. Con el propósito de desprestigiar la administración de CODELCO y promover así su privatización, la derecha argumenta de forma opuesta a cuando se refiere a las empresas privadas. A CODELCO le exige la publicación de todos sus contratos con terceros, pero cuando se debaten las leyes laborales y se propone establecer que los sindicatos puedan, durante la negociación colectiva, acceder a los antecedentes financieros de la empresa, se invoca que se trata de material reservado, confidencial. A ninguna empresa, sostiene la derecha, se le puede exigir que de a conocer su funcionamiento a sus competidores, ni siquiera arriesgar que aquello ocurra. No es apropiado aplicar a las empresas públicas criterios diametralmente opuestos, si bien, para salvaguardar el interés colectivo, sería oportuno que ellas dispongan de códigos de conducta que establezcan transparencia en sus actos y que sean de conocimiento público, Ese es el contexto. A pesar de lo claro que resulta, no libera en modo alguno a los funcionarios públicos de su deber de conducirse de un modo que prestigie su función y fortalezca la credibilidad de las instituciones. Para eso está la ley que regula con mucho más acuciosidad la esfera pública que la privada. Si tiene falencias, deben ser corregidas. Una de ellas es la ausencia de declaración patrimonial de las autoridades, exigencia a la que la derecha se ha opuesto tenazmente. En cuanto a las denuncias concretas, si bien parecieran disparos a la bandada con poco fundamento, nada se había dicho hasta ahora que insinuara conductas ilegales por parte de los denunciados. Desafortunadamente en expresiones públicas los senadores Novoa y Matthei han utilizado el término “robo”. El Presidente Lagos ha respondido estas afirmaciones y ello ha suscitado de parte de Lavín y Piñera una suerte de llamado a evitar los “empates”. Están equivocados. No existe empate. Es lo que precisamente ha dicho el Presidente: las denuncias no son por robo, en cambio las privatizaciones de empresas públicas durante el gobierno de Pinochet fueron evidentemente una forma de despojo al patrimonio público. La UDI lo sabe bien: uno de los principales beneficiados con esas privatizaciones, el ingeniero Yurazek, es miembro de su comisión política Las denuncias se siguen unas a otras sin que los denunciantes perseveren en sus dichos o entreguen excusas a numerosas personas a las que han querido deshonrar. ¿Es todo esto mala intención? Posiblemente no. Es sólo la ética de la mala leche.

lunes, junio 20

Manifiesto por un Nuevo Socialismo

Las y los socialistas somos de izquierda. Caminamos desde lejos, desde los movimientos igualitarios y libertarios del siglo XIX, desde las organizaciones mutualistas y solidarias de aquellas épocas, desde los albores de las primeras organizaciones obreras y sindicales, hasta las grandes batallas que marcaron y mejoraron las condiciones de los trabajadores y del Chile democrático durante todo el siglo XX.
Hemos sido protagonistas de la mejor historia de nuestro país, aquella historia hecha de la tensión ética y política en pro de una sociedad de hombres y mujeres libres, iguales en sus derechos y en la digna recompensa por su trabajo.
Los propósitos que dan sentido a nuestra acción política están, consecuentemente, vinculados a un proyecto de transformación para lograr una sociedad cada vez más equitativa, basada en una plena democracia política, social y económica, destinada a abrir paso a un cambio de fondo en las condiciones prevalecientes en un Chile en el que perduran desigualdades y situaciones de injusticia social, explotación y discriminación .
Quiénes asumimos este compromiso con un nuevo desafío colectivo, estamos empeñados en la construcción de un Nuevo Socialismo, que formule un proyecto de transformación igualitaria y libertaria de nuestra sociedad, de acuerdo a las potencialidades que esta etapa histórica ofrece a la acción del partido. Queremos convertir la política en una actividad incluyente, acogedora y dotada de valores éticos y humanistas.
Por eso invitamos a los y las socialistas, sin distinción alguna, a construir un partido democrático, institucional, colectivo, amplio, tolerante, pluralista, fraternal, convocante, que esté sustentado en un proyecto de futuro que represente a cabalidad los valores y principios de la igualdad, la solidaridad y la libertad que dan sentido y legitimidad a nuestra acción.
Reivindicamos un Nuevo Socialismo, entendido como un proceso colectivo de ideas para construir una auténtica unidad partidaria sin exclusiones, sustentada en un impulso ideal común; sin adhesión a “barones”, a grupos de poder, redes de influencia o fracciones de clientelas políticas.
Debemos cerrar la amplia e intolerable brecha entre el liderazgo nacional de Michelle Bachelet y la escasa audiencia del partido entre los ciudadanas y ciudadanos, para abocarnos a la tarea de poner a nuestra Michelle en la presidencia de Chile.
Nos ponemos a disposición de nuestra candidata para las tareas que deberá enfrentar, con la voluntad de sobrepasar las vacilaciones y miopías de los administradores y administradoras de parcelas de poder, identificados con visiones conservadoras y conformistas de la realidad. Queremos transformar esta fuerza electoral en la esperanza de una vida mejor, que hoy comparte todo Chile y que ya no tiene línea de retroceso. Hemos sido intransigentes en este punto, porque quien no toma opciones ni asume riesgos, convierte a la política en mera gestión de intereses creados para beneficio de personas y grupos.
Decimos con énfasis y orgullo que hemos sido y seremos de izquierda, porque esta certeza radica en nuestras más profundas convicciones; cerca o lejos del gobierno, nunca hemos rehuido enfrentar las luchas ni las dificultades. La tarea de hacer avanzar el socialismo en Chile no es breve ni ocasional, es una maratón que requiere de toda nuestra perseverancia e inteligencia. Se equivocan quiénes calculan que este año vale más que otros porque está en juego el reparto del poder del Estado, y están dispuestos a cualquier cosa para apropiarse de la influencia partidaria.
Hacer avanzar el socialismo es una tarea de largo aliento que se realiza todos los días en la familia, en el lugar de trabajo, en el barrio, en la organización social, en el Estado, pero sobre todo en el plano de las ideas que convocan a las y los ciudadanas, convenciendo, militando, haciendo crecer el partido, sus valores y su proyecto de sociedad, año tras año, de generación en generación.
Nos pondremos siempre al servicio de ese esfuerzo colectivo, para sacar las lecciones que corresponda y seguir trabajando por nuestro proyecto.
Han tenido éxito temporal aquellos que se conforman con un Partido Socialista convertido en un instrumento al servicio de intereses particulares o de grupos cuyo único fin es el poder para satisfacer acomodos personales.
Ello no desalienta nuestras convicciones. Seguiremos empeñados en erradicar las continuas violaciones de la legalidad partidaria, las supresiones arbitrarias de las normas estatutarias, las murmuraciones que debilitan credibilidades, las estrechas motivaciones personales que construyen máquinas electorales internas carentes de contenidos éticos, ideales y políticos.
Seguiremos en la lucha por impedir que en el partido reine la intolerancia que lleva a la exclusión y hasta a la persecución del que piensa distinto. Seguimos convencidos que la democracia no significa sólo elegir dirigentes y ejercer el poder, también es el respeto al pluralismo y a los derechos de las minorías.
Urge una reforma del partido que pase por un radical cambio en su organización y métodos, unido a una decidida renovación de su dirigencia. Junto a esta reforma es necesario generar nuevos liderazgos, que ofrezcan esperanza a la militancia, que garanticen la continuidad con el legado histórico del PS y que faciliten la discusión de las ideas, de las propuestas y del programa socialista para el futuro próximo.
Se conspiró, sin ningún contenido o propuesta política, para cambiar a la anterior dirección, so-bre la base de aludir -de manera solapada y faltando a la verdad- a que ésta no era “socialista histórica”. Es otra muestra de tribalismo, contrario al espíritu del 19 de abril de 1933, cuando en la casona de Serrano 150, Eugenio Matte, Oscar Schnake, Marmaduque Grove, Arturo Bianchi, Eugenio González y tantos otros se propusieron terminar con la fragmentación de los socialistas de entonces. Debían cesar las disputas entre los ácratas de la FECH y del sindicalismo anarquista, los masones de la Nueva Acción Pública, y las sensibilidades socialistas de diversas proveniencias. Con esa visión de generosidad y unidad actuaron nuestros fundadores. Así actúa el Nuevo Socialismo, ahora y en el futuro.
Fieles a esa inspiración seguiremos combatiendo el divisionismo que tanto ha dañado al socialismo chileno. En el PS de hoy nos deben unir valores, principios, fraternidad y, sobre todo, un proyecto de izquierda democrática, unido a la común voluntad de recorrer los caminos que conduzcan a concretar ese proyecto. Faltan a la verdad quienes, carentes de ideas y de proyecto que no sea el poder personal, aluden al socialismo histórico como línea divisoria entre quienes han militado siempre en el partido y quienes provienen de otras organizaciones de izquierda.
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Las y los auténticos socialistas de hoy somos de izquierda, no deseamos acomodarnos a la aceptación conformista del actual modelo. Estamos para impugnar, contradecir y luchar contra el poder que se ejerce en contraste con los intereses de las mayorías. Cuando accedemos al gobierno es para avanzar conforme a los intereses del pueblo y de la nación toda. Tenemos el propósito de seguir reivindicando en toda circunstancia la naturaleza de izquierda del socialismo, sin sumisión, conformismo o pasividad política. No estamos dispuestos a aguar el noble contenido de nuestros principios igualitarios y libertarios.
Hoy tenemos el desafío de reafirmar nuestro proyecto de transformación de la sociedad y de profundizar la capacidad del mensaje socialista en torno a una amplia mayoría cultural, social y política.
La razón de ser del socialismo es luchar por una sociedad justa, en la que prevalezca una plena democracia política, social y económica, que garantice a los ciudadanos igualdad de oportunidades y derechos. El proyecto socialista pasa por construir una sociedad que permita a todos y todas desarrollar libre y solidariamente sus proyectos de vida, acceder a la cultura, a la educación y a dignos medios de vida.
Luchamos por el respeto irrestricto de los derechos humanos, por la igualdad social entre los géneros, la acción a favor de las mujeres, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los pueblos originarios y las minorías sexuales y culturales. Nos comprometemos también con las futuras generaciones que ven amenazado su propio patrimonio ambiental por la explotación depredadora de los recursos naturales.
Para lograr esas metas, proponemos una nueva alianza de trabajadores y sectores medios progresistas, que permita luchar contra la concentración del poder económico, el predominio del capital por sobre el trabajo y contra la cultura del lucro desmedido. Queremos terminar con la subordinación de quienes no tienen otra capacidad económica que la de vivir de un salario, que carecen de oportunidades de inserción económica o no tienen como subsistir con dignidad; mientras que uno pocos privilegiados viven en la opulencia, apropiándose sin responsabilidad social de lo que otros u otras producen o crean, de los recursos que la naturaleza ha puesto a disposición de todos, o de lo que las generaciones anteriores han creado.
El socialismo está indisolublemente ligado a la democracia, por eso seguiremos impulsando una sociedad cada vez más democrática, que extienda la participación de la ciudadanía más allá de la esfera política, para expresarse también en lo social y económico. La pasividad debe dejar espacio a personas con más derechos y con más y mejores instrumentos de control y participación.
Por ello perseguiremos el establecimiento de una nueva Constitución Política que supere el sistema institucional heredado de la dictadura, y consolide un nuevo orden basado en los derechos humanos.
- Que restablezca al ciudadano como centro de la democracia, con instrumentos como el plebiscito popular, que pueda ser convocado por los ciudadanos y con un resultado vinculante para el gobierno.
- Que asegure la representación proporcional de las minorías, terminando con el sistema político binominal.
- Que limite y controle el excesivo presidencialismo, otorgando iniciativa parlamentaria y ciudadana en la gestación de las leyes.
- Que termine con el monopolio de los partidos en la representación parlamentaria y municipal; que introduzca límites a la elegibilidad vitalicia de parlamentarios, alcaldes y concejales.
- Que garantice los derechos políticos de los chilenos y chilenas que residen en el exterior; que elimine todo rastro de discriminación hacia las mujeres, los jóvenes, las minorías sexuales y culturales, los pueblos originarios, y a todos los excluidos de hoy y mañana.
Postulamos la superación del modelo económico neoliberal en la perspectiva de un país más igualitario en todos los planos de la existencia: la economía, la cultura, los derechos ciudadanos, la justicia, la educación, la salud y el sistema previsional, cuya viabilidad se encuentra seriamente cuestionada hacia el futuro.
En el marco de una economía de mercado no existe un destino único y obligado para avanzar hacia una sociedad más equitativa. Tampoco en los países avanzados existe una estrategia única de desarrollo. A pesar de la nueva realidad económica mundial, hay diferencias entre la economía de bienestar de Europa o de Japón respecto a la economía liberal que el gobierno de Estados Unidos propicia para el mundo, y que no practica internamente.
La mundialización de la economía impone restricciones a las políticas nacionales. Sin embargo, siempre hay márgenes de maniobra para los cambios de la política pública. Ello requiere coraje, claridad estratégica, férrea voluntad de la autoridad y mucho liderazgo. Por ello decimos que, aún en el difícil contexto actual, es posible implementar estrategias de desarrollo y políticas alternativas al modelo de capitalismo salvaje que impone el neoliberalismo.
Para enfrentar con éxito esta tarea debemos mirar hacia nuestros vecinos de América del Sur, con la visión puesta sobre una América Latina integrada política y económicamente, con la que soñaron nuestros fundadores y que sigue siendo la impronta de nuestro partido. La integración es la mejor manera de solucionar nuestros problemas sociales y la mejor disuasión para una guerra y para disminuir el gasto en armas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas pueden desempeñar un papel mucho más activo, con mejor inserción internacional y mayor potencial de acumulación interna, si existe un decidido apoyo crediticio y tecnológico del Estado, y si se aprovechan debidamente las posibilidades que ofrecen los sistemas modernos de información y de comunicaciones para aumentar la productividad. En la misma línea de proponer formas económicas justas y equitativas, los socialistas impulsaremos la consolidación de cooperativas productivas y de servicios, como una forma de asociación que puede ser altamente eficaz y solidaria.
La descentralización democrática y la promoción del equilibrio entre las distintas regiones, requiere de más inversión privada y de recursos públicos que vayan más allá de la inercia presupuestaria. Es necesaria también una reestructuración geográfica de los procesos productivos, que permita un desarrollo espacial equilibrado en el país, y no sólo una descentralización o desconcentración administrativa que sólo es la distribución de una parte del poder de las elites centrales a las regionales.
El nuevo modelo de desarrollo debe comprometerse con la defensa de nuestro patrimonio natural, de nuestra diversidad biológica, de nuestros recursos energéticos, de nuestra flora y fauna. Se debe impulsar una política nacional de protección del medioambiente que garantice a los chilenos de hoy y de mañana un entorno natural libre de contaminación. Debemos fortalecer la institucionalidad del Estado en materia de protección y conservación de recursos, ecosistemas y biodiversidad.
En este orden de reformas lucharemos para que el cobre retorne a ser de los chilenos y para que el agua vuelva a ser un bien público.
Insistimos también en gravar la extracción de recursos no renovables, impulsar la explotación sustentable del bosque nativo e impedir su reemplazo por especies exóticas. Promover también actividades económicas que agreguen valor a la producción de las comunidades locales con proyectos productivos que consideren como un factor principal la protección del medio ambiente.
El Estado, en representación de todos los chilenos, debe cobrar una renta por la extracción de recursos naturales no renovables como el cobre, la plata, el oro, el molibdeno o el agua dulce. Solo por concepto de royalty no pagado, las empresas mineras privadas se han llevado 20 mil millones de dólares en 15 años. Los recursos obtenidos por concepto de esa renta deben destinarse a financiar nuevos procesos productivos en regiones y para sustentar investigación científica y tecnológica de interés nacional.
Para cumplir su programa, el nuevo gobierno necesitará una amplia mayoría en el Congreso, lo que significa presentar candidatos y candidatas con perfiles muy bien definidos de apoyo a las propuestas de cambio, para asegurar una numerosa y activa representación en el Poder Legislativo, con doblajes en un número de significativo de distritos y circunscripciones.
El respaldo que la ciudadanía está dando a Michelle Bachelet constituye una oportunidad, un desafío y una gran responsabilidad. El próximo gobierno deberá responder a una creciente demanda de justicia social e igualdad, no sólo económica, sino también en el acceso a servicios públicos de calidad en educación, salud, vivienda; mejores condiciones de trabajo; mayor acceso a los bienes culturales y a todos los aspectos que hacen una mejor calidad de vida. Michelle Bachelet es la expresión de una demanda social de redistribución del poder en todos los planos, y ella está dispuesta a asumir ese desafío. Por eso cuenta con nuestro decidido apoyo.
Para cumplir con estos propósitos resulta indispensable construir un Nuevo Socialismo, capaz de responder con inteligencia y creatividad a los retos que nos plantea el presente y el futuro que, ante la dinámica de la sociedad contemporánea, se convierte en parte del pasado antes que nos demos cabal cuenta.
Una reforma ética y democrática del partido, para que se convierta en protagonista de la vida política y cultural del país, y la construcción de un programa centrado en profundizar la democracia y en un nuevo modelo de desarrollo económico y social, son tareas que demandan un Nuevo Socialismo para Chile. Muchos queremos emprender ese esfuerzo, convencidos y convencidas de ser coherentes con un partido depositario de ideales y de entrega desinteresada a la acción política.
Hemos afrontado muchas batallas, dedicado esfuerzos y recursos para hacer realidad los principios y objetivos del Partido Socialista. Hemos combatido a la dictadura y luchado en democracia para ganar más espacios para los ideales de igualdad, libertad y solidaridad propios del socialismo.
Hoy debemos emprender otro esfuerzo. Convocar a la gente noble del PS, militantes y amigos del socialismo, más allá de diferencias menores, a recuperar y potenciar nuestro partido, este instrumento precioso de los hombres y mujeres que sólo tienen sus manos, su inteligencia y su trabajo para vivir mejor y hacer más grande y justa la patria de todos.
Esa gran tarea, que hace honor a la mejor tradición del socialismo chileno, la asumimos con Salvador Allende, Exequiel Ponce, Carlos Lorca, Raúl Ampuero, Aniceto Rodríguez, Carlos Briones y tantos compañeros y compañeras cuya consecuencia y entrega ideal inspira nuestra memoria.
Recordando con afecto a quienes nos precedieron en este nuevo esfuerzo, con especial respeto a quienes dieron su vida por el socialismo y la libertad, nos comprometemos a renovar nuestro compromiso cotidiano de seguir sembrando la semilla de una sociedad mejor.
¡Viva el socialismo! ¡Viva Chile!

Mayo de 2005




ADHERENTES INICIALES:
Sergio Aguiló
Rubén Andino
Iván Aravena
Omar Arenas
Jorge Arrate
Horacio Azócar
Arturo Barrios
Guido Camú
César Canales
Fredy Cancino
Edgardo Condeza
José Manuel Díaz
Francisco Fernández
Eduardo Giesen
Alfonso Guerra
Eduardo Gutiérrez
Roberto Irribarra
Adolfo Lara
Milton Lee
Mario Mandiola
Gonzalo Martner
Cecilia Merino
Germán Molina
Fernando Morales
Eduardo Muñoz
Cristián Pizarro
Roberto Pizarro
Fanny Pollarolo
Rigo Quezada
Sergio Retamal
Alex Reyes
Mónica Sánchez
Andrés Santander
Luis Sierra
Mario Silva
Patricio Suárez
René Tabilo
Patricia Troncoso
Manuel Urrutia
Roxana Vigueras
Alejandro Villa
Hernán Vodanovic

Quienes deseen adherir a este Manifiesto,
lo pueden hacer al mail:
nuevo_socialismo@yahoo.es
indicando nombre, comunal de militancia y eventual cargo directivo partidario o social

miércoles, junio 15

Bolivia revolucionaria, por Manuel Castells

Bolivia está una vez más inmersa en una revolución social y política. Y el drama boliviano puede afectar seriamente no sólo a ese sufrido pueblo, sino a la estabilidad de la región andina en su conjunto. El Presidente Carlos Mesa, intelectual respetado, personalidad independiente con talante negociador, intentó durante veinte meses encontrar una salida institucional a las reivindicaciones sociales y a las exigencias políticas contradictorias planteadas desde distintos sectores y bajo liderazgos diversos.
Incluso llegó a ganar un referéndum que aprobó sus propuestas. Pero la fuerza de los movimientos sociales de uno y otro signo bloqueó el funcionamiento del país y llegó a un límite que Carlos Mesa siempre rehusó cruzar: la represión violenta de los manifestantes. Por eso ha dimitido la semana pasada, rogando al Congreso que elija un Presidente provisional que convoque nuevas elecciones. A efectos prácticos, el Estado ha dejado de funcionar en Bolivia, con excepción de las Fuerzas Armadas, último recurso para restaurar el orden. Pero ése es un recurso que podría desencadenar la violencia generalizada en el país.
La incontenible explosión social en Bolivia surge de la voluntad popular del control de las riquezas naturales que encierra su tierra, de la reivindicación de autonomía de su región más rica y empresarial (Santa Cruz), de la afirmación identitaria indígena, de las reivindicaciones de los cultivadores de coca asediados por las exigencias estadounidenses de erradicación de sus plantaciones y de la crisis de legitimidad de una clase política tan desprestigiada como en casi toda América Latina. Y todo ello instrumentalizado y manipulado por intervenciones extranjeras de diverso orden. Lo paradójico es que la revuelta popular iniciada hace casi dos años tiene como origen una buena noticia: el descubrimiento de inmensos yacimientos de gas en la sureña provincia de Tarija (no en Santa Cruz, como se suele informar). Una explotación eficiente de este gas podría sacar a Bolivia de su pobreza, porque habría podido tener a dos mercados ricos y ávidos de gas: Chile y California, mediante un gasoducto al Pacífico a través de Chile.
Pero al ser éste el territorio que Chile arrebató a Bolivia hace más de un siglo, los bolivianos rechazaron la opción. Por otro lado, el anterior Presidente, Sánchez de Lozada, cedió la explotación futura a compañías extranjeras, principalmente a Repsol y a Petrobras. Y aquí funcionó la memoria histórica. Ya se llevaron los españoles el oro y la plata, y los estadounidenses el cobre y el estaño, y los brasileños el gas y el petróleo. Y así todas las riquezas que la Pacha Mama (la Madre Tierra) otorgaba a los bolivianos se convertían en fuente de expoliación y nuevo sufrimiento para beneficio de los extranjeros.
Ante ese sentimiento, ampliamente compartido por todas las regiones y todos los sectores populares, de nada sirvieron las llamadas a la racionalidad económica, a la necesidad de tecnología, inversión y canales de comercialización, al posicionamiento de Bolivia en la globalización. Lo que primero fue una exigencia de regalías y altos impuestos, que las empresas petroleras denunciaron como leoninos, acabó en el clamor por la nacionalización del gas y de todos los recursos naturales. Como se hizo con las minas tras la revolución de 1952. Pero sobre ese trasfondo de independencia económica se proyecta una compleja trama de intereses contradictorios.
El movimiento indigenista aymara, liderado por Felipe Quispe, se hace fuerte entre los pobres inmigrantes de El Alto, la gran ciudad de poblacines pobres en torno al aeropuerto de La Paz, y plantea la creación de una nación aymara. En el otro extremo del país, las elites empresariales de Santa Cruz, provincia rica (tiene petróleo y gas, pero en menor cantidad que el descubierto ahora), dinámica, autosuficiente, y con fuertes vínculos económicos con Brasil, reclaman una amplia autonomía que en algunos discursos se convierte en amenaza de secesión.
Y los cruceños recuerdan la revolución de 1952, cuando las milicias obreras y campesinas del oeste de Bolivia entraron a sangre y fuego en su ciudad para “aplastar a la oligarquía”. Pero los campesinos e indígenas del Oriente boliviano también se oponen a las elites de Santa Cruz han ocupado campos petrolíferos y ya se ha producido choques con los militantes separatistas cruceños.
En el ojo del huracán se encuentra el más influyente líder político de la protesta popular: Evo Morales, también aymara, pero opuesto al nacionalismo aymara, y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), el punto de conexión entre los movimientos sociales y el sistema político.
Morales debe buena parte de su prestigio a la enemiga Estados Unidos, tras el llamamiento del embajador a votar contra él en las últimas elecciones presidenciales. Pero su fuerza en algunos sectores sociales no se traduce en popularidad. Según una encuesta reciente, su apoyo es tan sólo de 23% en Occidente y de 11% en Oriente. Además, Felipe Quispe es su enemigo y la poderosa Central Obrera Boliviana lo mira con desconfianza. En cambio, Evo Morales representa ideológicamente a la revolución bolivariana y tiene el apoyo material y moral de Chávez y, a través de él, de Fidel Castro.
Lo cual internacionaliza el conflicto en caso de victoria de Morales, que es hoy por hoy el más poderoso actor político: fue él quien hizo dimitir a Mesa. Para acabar de complicar las cosas, no hay que olvidar los intereses de los narcotraficantes (que no son lo mismo que los cocaleros), que quieren acabar con la interferencia estadounidense. Y las estrategias de las compañías petroleras (y de los gobiernos que tienen detrás, España y Brasil), que no quieren perder un negocio redondo. Y el nerviosismo de Estados Unidos ante una Bolivia que extienda la fiebre revolucionaria ya presente en Colombia y Ecuador y que amenaza en Perú.
Y las inquietudes de Chile ante una radicalizacion del nacionalismo boliviano en su frontera norte. Y la preocupación argentina por asegurarse un suministro de gas en una provincia fronteriza como Tarija. Además, la Iglesia aparece como mediadora de los conflictos y Benedicto XVI se juega su prestigio en su primer contacto con una crisis social en un país católico donde aún conserva influencia.
¿Y el Ejército? Su larga tradición golpista se interrumpió en 1982, cuando Estados Unidos se dio cuenta de que los militares bolivianos en el poder (García Meza) formaban parte esencial del narcotráfico. Desde entonces, el Ejército se ha mantenido en posiciones constitucionales. Y se sigue manteniendo neutral porque corre el peligro de dividirse si opta por una u otra opción. Pero puede haber intervención militar en dos situaciones. La primera es la amenaza de secesión de una parte del territorio nacional, ya sea Santa Cruz o el altiplano aymara. En este caso, sin lugar a dudas, habrá golpe. Por otro lado, si el caos se apodera del país y se produce un vacío institucional.
En ambos casos, la intervención militar no pondrá fin a la crisis. En realidad, puede radicalizarla. Y es que Bolivia está más allá de una lógica política. Ha entrado en una lógica revolucionaria, hecha de múltiples intereses y contradictorios proyectos, de sufrimiento, rabia y esperanza a la vez. Es tal vez el primer y más dramático resultado de la descomposición de las sociedades latinoamericanas provocada por unas políticas neoliberales que, tras su hundimiento, sólo han dejado ruinas en torno suyo.