miércoles, abril 26

Tu mundo público, mi mundo privado, por Antonio Valencia

EX MINISTROS O ALTOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO EN DIRECTORIOS DE CUESTIONADAS EMPRESAS

Viera-Gallo y Rincón a Provida, Rodríguez Grossi a Chiletabacos, Etchegaray a Celco, Solari a Transantiago y Estévez a Endesa. Como no está regulada, la práctica genera polémicas. “Si les piden hacer lobby, eso es tráfico de influencias”, advierten los expertos.

La Nación
No ocurre en empresas cualquiera. Se trata de mega conglomerados que han alimentado la agenda pública con sus legítimos intereses de mercado, pero que han generado más de alguna polémica. El último ejemplo es bien cercano: la batalla interna en la DC por el ingreso al directorio de Provida de la ex superintendenta de Previsión Social y ex intendenta de Santiago, Ximena Rincón, desató una vez más el debate.
Sin embargo, no es la única. El ex senador José Antonio Viera-Gallo (PS) también pasó a integrar el directorio de la AFP más grande e importante del país, la misma que hace unas semanas propuso elevar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años. El punto es que algunos miran de reojo que dos potentes personajes de la Concertación sean tentados y luego acepten formar parte del gigante previsional en tiempos en que el Gobierno fijó como prioridad abordar la reforma del sistema.
Envuelta en una disputa eleccionaria interna, la diputada Alejandra Sepúlveda abrió los fuegos contra Rincón. “No es adecuado ni bueno que gente que estuvo en cargos importantes en el Gobierno se pase a la vereda de enfrente, y de defender los intereses de la gente defienda a los accionistas, menos aun con el grado de información y vínculos que posee, más cuando fue superintendente de Previsión Social”, apunta la parlamentaria.
Y hay más ejemplos. Todos recientes. En plena crisis por los cisnes de cuello negro, la Celulosa Arauco reclutó al ex ministro Alberto Etchegaray, quien en la actualidad ejerce como presidente del directorio de la empresa. Chiletabacos, otra controvertida empresa en lo que a lobby político se refiere –sobre todo en tiempos de leyes antitabaco-, acaba de fichar al hasta hace poco ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi (DC).
Otro de los ejemplos recientes es la mudanza del ex ministro del Trabajo, Ricardo Solari, que ahora forma parte de la colombiana Alsacia, una de los principales firmas que opera en el Plan Transantiago. Endesa también allegó en sus oficinas a un ex ministro: Jaime Estévez pasó del MOP a la multinacional que tiene en alerta a ambientalistas con sus megacentrales hidroeléctricas.
Nada de esto es ilegal, “pero debiera estar regulado, debiera haber algún tipo de restricción para evitar los conflictos de intereses”, opina Guillermo Holzmann, cientista político de la Universidad de Chile. Nada de esto tiene que ver con poner en duda la capacidad y probidad de los involucrados, sino con fortalecer la democracia. “Chile tiene hoy una debilidad política y democrática en esto”, expresa Holzmann.
No asumir esta realidad mediante una ley, añade Holzmann, gatilla “dudas razonables de la ciudadanía que cuestiona cómo dicho ex alto funcionario público va a utilizar su red de contactos en el Poder Ejecutivo, el Legislativo e incluso en el Judicial. No es casual, en consecuencia, que las empresas privadas busquen precisamente a este tipo de altos personeros para generar condiciones ante los órganos del Estado para pavimentar sus negocios”.

Puerta giratoria
Tomás Chuaqui, director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, no se sorprende con el tránsito del mundo público al mundo privado, dinámica conocida como ‘puerta giratoria’. “Que esto ocurra no debiera sorprender a nadie. Chile nunca ha tenido una regulación fuerte en este sentido -sostiene Chuaqui-, básicamente por falta de voluntad política, pues es pedir al propio sistema político que se autorregule. Y claro, como a las empresas les conviene tener en sus filas personas que han trabajado en el Gobierno...”
Y claro, “no se trata de dudar de la fe pública de nadie”, insiste Chuaqui, pero son estos vacíos los que empujan a la ciudadanía a hacerse una pregunta: “¿Por qué no pensar que esta persona que estuvo en un cargo público hizo su trabajo con vista a conseguir posteriormente un cargo en determinada empresa privada? Regular -sentencia el académico de la UC- es velar por la fe pública”.
El actual estado de cosas, completa la cientista política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Marcela Ríos, “no le hace bien a la democracia”. El tránsito del mundo público al privado, “y también los vínculos entre algunas empresas privadas que hacen negocios con el Estado deben ser controlados”. En pocas palabras se trata de “regular los intereses privados en la política”, aclara Ríos.
No hacerlo, insiste Holzmann, expone al ex ministro o alto funcionario público a que determinada empresa le solicite explícitas gestiones antes organismos del Estado para conseguir sus objetivos comerciales. En otras palabras, si le pide que sea un lobbysta de la empresa, “eso directamente se llama tráfico de influencias, por eso el riesgo”, repone el académico de la Universidad de Chile.
¿Qué queda entonces para el ciudadano común y corriente que no tiene ni redes ni contactos ni vínculos que lo “acerquen” de esta forma a quienes toman las decisiones? “No sólo la duda razonable sobre quien pasa de lo público a la privado y viceversa”, agrega Chuaqui-, sino además se consolidan los números que arrojó una encuesta del PNUD hecha hace dos años: “El 75% de los chilenos piensa que el poder sigue igual o está cada vez más concentrado -cita el director del Instituto de Ciencia Política de la UC-, y esa escasa percepción de la dispersión del poder es grave para un sistema democrático”.

Legislar, prohibir, indemnizar
¿Qué hay hasta ahora? La Ley Orgánica Constitucional de Base de la Administración del Estado establece que “son incompatibles las actividades de las ex autoridades y los ex funcionarios de una institución fiscalizadora con otras que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses de haber expirado en funciones”.
Las salidas a la puerta giratoria pueden ser varias. La diputada Sepúlveda propone que sean los propios partidos políticos quienes regulen internamente a sus militantes. En el Instituto de Ciencia Política de la UC opinan que eso resuelve poco o nada el tema. “Los partidos lo pueden pedir a sus militantes, pero no los pueden obligar. Eso no da garantías al ciudadano como sí las entrega una ley de la República. Y esa ley -se extiende Chuaqui-, debe obligar a que los partidos no tengan lobbystas entre sus militantes”.
Guillermo Holzmann recuerda que el tema lleva más de 15 años de debate y que está pendiente desde que se impulsó la agenda pro-crecimiento. Es más, la próxima semana habrá sesión en el Congreso para regular el lobby. Una salida, según Holzmann, está en las restricciones que existen en otros sistemas democráticos. “En Estados Unidos y Europa quienes han detentado altos rangos o cargos públicos no pueden vincularse a empresas privadas por espacio de hasta un año, pero la ley establece indemnizaciones para que dichas personas puedan sostener su nivel de vida”, dice, de manera que el ex ministro no quede económicamente “liquidado” por no poder ejercer su funciones fuera del aparato público.

martes, abril 18

La pesadilla "debería" acabar

PAOLO FLORES D'ARCAIS

EL PAÍS - Opinión - 18-04-2006

La pesadilla debería haberse terminado. Utilizo el condicional porque, a día de hoy, día de Pascua, Silvio Berlusconi todavía no ha reconocido su derrota. Por el contrario, sigue hablando de fraude y declara que espera que el recuento final reconozca su victoria. O bien, de forma contradictoria, habla de victoria moral, de un país dividido en dos, de la necesidad de un Gobierno de gran coalición. En definitiva, alterna la táctica del palo y la zanahoria, como si el dominus de la situación siguiera siendo él. Se comporta de este modo porque puede permitírselo. Porque, en efecto, el dominus sigue siendo él y seguirá siéndolo hasta que no se hayan resuelto las anomalías que convierten hoy a Italia, desde un punto de vista liberal clásico, en una no-democracia. De hecho, en una democracia liberal prima la división de poderes. La autonomía recíproca y el recíproco equilibrio de poderes entre las diversas esferas. La democracia liberal es un sistema de autonomías que impide a los poderes "hacer bloque", "hacer establishment", ya que supondría un riesgo y sería la antesala del totalitarismo. Y no se trata sólo de los tres poderes de Montesquieu, obviamente. En una democracia liberal moderna son y deben ser autónomos (y con un control recíproco, incluso hasta el conflicto) el poder político, el poder económico, el poder sindical, el poder mediático, el poder cultural (además, como es obvio, del judicial; en cuanto al poder de la iglesia, no debe existir ninguno). Y dentro de cada poder, no se admite el monopolio, sino que es taxativo el respeto al pluralismo.

Son cosas obvias. Pero son cosas que en Italia, desde hace años, han sido abolidas. Y hasta que no sean restauradas no se podrá hablar de democracia. En Italia, las frecuencias nacionales de la televisión comercial (sobre el papel cuatro, pero en realidad tres) están todas en manos del mismo empresario. Una violación no sólo del principio liberal, sino del estrictamente librecambista, de un mercado competitivo (al menos, un poco competitivo). En Italia, la televisión pública (tres cadenas) está controlada por los partidos y no bastará con sustituir la hegemonía de la mayoría de Berlusconi por la de la mayoría de centro-izquierda para tener una información televisiva digna de este nombre.

En una democracia liberal quien tiene un poder absoluto económico y/o financiero no puede participar en el poder político (a menos que renuncie al poder económico mediante un blind trust). Que un mismo sujeto pueda tener un poder absoluto a nivel económico y mediático y sumarles un poder político similar (incluso en la oposición) entra dentro de las cosas impensables en la teoría y en la práctica liberal. En Italia, en cambio, es la norma desde hace años. Y sólo gracias a esta anormal normalidad Berlusconi sigue comportándose como si hubiese ganado las elecciones, ya que hasta que no se le haya arrebatado el poder anómalo e ilegal que atesora, podrá efectivamente amenazar y tomar el control de la mayoría parlamentaria de Prodi. E incluso tratar de comprar a algunos senadores (ya desde hace un par de días en la prensa se alientan manejos en esta dirección).

Porque, a nivel electoral, el país está efectivamente partido en dos, pero ya no se recuerda que el (casi) 50% del consenso berlusconiano es producto del (casi) 100% de control mediático del propio Berlusconi. Hace poco más de un mes, todas las encuestas señalaban una distancia entre Prodi y Berlusconi de entre el 10 y el 15%. Ha bastado un mes de ocupación total de las pantallas por parte de los defensores de Berlusconi y de una desinformación científica y sistemática (modelo Bréznev, si Bréznev hubiese sido capaz de inteligencia posmoderna) para reducir la distancia a cero. En realidad, el control total de los medios de comunicación ha permitido a Berlusconi hacer creer a un número decisivo de electores que Prodi quería subir los impuestos. Ha sido suficiente. La mentira ha sido repetida de todas las formas y en todos los programas (incluso en los de entretenimiento) como si se tratase de un hecho comprobado, sobre el que pulsar las diferentes opiniones. Era un embuste arriesgado, pero de nada sirvieron los desmentidos de Prodi. En las dos últimas semanas sólo se ha hablado de ello: del "comunista" Prodi que había decidido aumentar los impuestos, sobre los bienes inmuebles, sobre las herencias y sobre los bonos del tesoro (en definitiva, sobre todo lo que afecta de forma directa a la clase media). Por otro lado, el bombardeo sobre los impuestos ha permitido dejar de lado todos los demás temas que eran motivo de desencanto entre los electores de centro-derecha y que impulsaban a numerosos ciudadanos (que cinco años antes habían votado a Berlusconi) a no acudir a votar: desde el aumento del coste de la vida hasta la situación desastrosa de las cuentas públicas, pasando por la crisis de la sanidad y el desplome de la escuela y de la investigación científica.

Algunos dirán que la televisión no lo explica todo, que los motivos del continuo consenso alrededor de Berlusconi son otros. Desde luego, también son otros (en otro momento podrán ser analizados). Pero su increíble recuperación en el último mes se ha producido toda ella a través de la minoría desencantada de su electorado, que desde luego no habría votado a "los comunistas", pero que tenía la intención de quedarse en casa. El control absoluto de la televisión ha sido más que suficiente para aterrorizar a uno de cada 10 italianos y para condicionar de forma decisiva el resultado de la votación.

Volvamos al principio: la pesadilla debería haberse terminado. Creo que ahora queda claro por qué es necesario utilizar el condicional. Si el Gobierno de Prodi no sabe acabar de inmediato con el control absoluto de los medios de comunicación por parte de Berlusconi (devolviendo las frecuencias de televisión a una pluralidad de individuos dentro de una competencia empresarial-cultural), si no logra promulgar una ley que obligue a elegir entre el poder económico (no sólo mediático) y el poder político, si no consigue hacer que sean inmediatamente operativas unas medidas que castiguen con severidad los delitos de los jefes de empresa (en los Estados Unidos de Bush, que no es precisamente un bolchevique, por falsear un balance contable te pueden caer 20 años de cárcel) y cualquier tipo de relaciones entre los negocios, la política y la mafia, Berlusconi seguirá siendo el dominus de la anomalía italiana. Y si, pasado un año, hubiera que volver a votar, tendría muchísimas posibilidades de vencer. Los problemas de Italia son muchos, pero el primer problema y el más crucial es éste. Y hasta que no se haya cortado de raíz, se podrá aplicar a la Italia de hoy lo que escribió Dante Alighieri hace casi ocho siglos: "Italia, sirviente de un hostal del dolor / nave sin piloto en una gran tempestad / no es dama de provincia sino de burdel".
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Paolo Flores d'Arcais es filósofo italiano, director de la revista MicroMega.