Política chilena y gas, por Artemio López

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Hay malestar en el gobierno chileno por el nuevo precio que la Argentina fijó a las exportaciones de gas tras la nacionalización boliviana. Según nos informa la prensa, De Vido había dicho que el valor del gas sería menor de 4 dólares por millón de BTU. No le faltaba razón al ministro, ya que el precio que pagará Chile es de U$S 3,95. Sin embargo, los funcionarios chilenos se encargaron de subrayar que si se le suma el transporte –que forma parte del precio que pagará en la frontera–, el valor llega a 4,80 por millón de BTU. “Este es un precio inferior a los cinco dólares que paga la Argentina por el gas boliviano, pero superior al que anunció el ministro Julio De Vido ante la prensa, incluida nuestra prensa nacional”, dijo Poniachik sobre las promesas del ministro.
Todo esto es consecuencia tardía de haber financiado durante décadas la horrible política exterior de la República de Chile para con la región en general y Bolivia en particular, que se remonta a tiempos previos a la guerra del Pacífico, cuando contaba con una economía de exportación basada en la salitreras del Norte, que se extendían por el desierto de Atacama y el extremo sur del territorio peruano. En ese entonces, Inglaterra mantenía enormes intereses en el comercio del salitre y el capital chileno y británico poseían el 33 por ciento del salitre peruano.
Cuando el gobierno de Bolivia impuso un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a un contrato privado de transacción, Chile invadió su territorio argumentando que violaba el tratado de 1874, que establecía que los bolivianos no incrementarían los impuestos sobre el salitre por 25 años, es decir, hasta 1899. El conflicto que se desató y que involucró a Perú –aliado de Bolivia– se conoce como la guerra del Pacífico, 1879-1884. La victoria chilena movió su frontera hacia el Norte y dejó a Bolivia sin acceso al mar. Tras la invasión se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre Bolivia y Chile, conocido como el Tratado de 1904, donde se definió la actual delimitación territorial, según la cual la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de Bolivia no alcanza a tocar el mar.
La ridícula persistencia para las autoridades chilenas, más allá del signo político de los gobiernos de turno, de este tratado y sus consecuencias, comercialmente muy perjudiciales para Bolivia y oprobiosas para su soberanía política y territorial, está en la base de la triangulación argentina para la provisión de gas a Chile.
Pues bien, es esta política exterior expansiva y sin bases materiales para sustentarla por parte de la hermana República de Chile la que tiene hoy un alto y creciente costo, y la República Argentina no tiene por qué continuar financiándola. Que las autoridades de Chile y Bolivia resuelvan este dilema como les plazca sin alterar los equilibrios regionales, pero los argentinos necesitan una economía fiscalmente ordenada, y es bueno que los estrategas chilenos ya no cuenten con nuestro presupuesto para seguir “dándole gas” a su modelito, tan exitoso. ¿O no era “el” ejemplo a seguir?

Reinstalar los temas del desarrollo estratégico, Alexis Guardia

5 de Julio del 2006
Se ha instalado en la “plaza pública” un interesante debate sobre el uso de los excedentes del cobre de los que goza actualmente nuestro país. Los economistas le hemos dado a este tema un carácter engorroso y no fácil de seguir para un simple ciudadano. Sin embargo, las ideas centrales son sencillas y fundamentales para entender lo que está en juego. Veamos primero, el problema de cifras. ¿De cuánto estamos hablando? Según la reciente revisión de la Dirección de Presupuesto (Dipres) el superávit efectivo del gobierno que se obtendría el presente año, habida cuenta de la regla fiscal del superávit estructural del 1%, sería de 5,3% del PIB, es decir US$ 7.517 millones. La situación fiscal desde octubre del año pasado (fecha en que se discute el presupuesto del 2006) ha cambiado favorablemente y por lo tanto la Dipres ha debido actualizar una nueva proyección, con precios del cobre promedio para el año más realistas de 2,4 dólares la libra y no 1,25, lo que permite aumentar el excedente efectivo desde un 2,3% PIB al 5,3% indicado. La verdad es que ahora tenemos dos años consecutivos de una situación fiscal holgada pues el superávit efectivo el 2005 fue de 4,7% del PIB, es decir aproximadamente US$ 5420 millones y en gran medida también explicado por la mejoría de los precios del cobre. Es decir, los excedentes acumulados hasta la fecha serían del orden de los 13.000 millones de dólares. Cifra considerada conservadora pues el precio promedio del cobre para el 2006 podría situarse por arriba de los 2,4 dólares la libra proyectado. Sin embargo, este apetitoso excedente no puede gastarse pues la regla de oro es “gastar solo lo permanente y ahorrar lo transitorio” para un período de “vacas flacas”, es decir, cuando los precios del cobre sean menos espectaculares que los registrados actualmente. ¿Qué es lo permanente? Aquello que está dado por los ingresos de largo plazo y no por los ingresos propios del ciclo. Es decir los ingresos provenientes del cobre pero a un precio de largo plazo (proyección de tendencia a 10 años y que para el 2006 fue de 0,99 centavos y presumiblemente para el 2007 sería de US$ 1,20) y los ingresos tributarios sobre la base de un crecimiento potencial de la economía, hoy del orden del 5%. Las autoridades de Hacienda ya habían establecido en el 2001 la regla fiscal del 1% de superávit estructural que garantiza dicha regla de oro, y con la cual se determina al mismo tiempo el gasto público coherente con ella; así este gasto crecería en 6,2% en el 2006. Estando de acuerdo con la “regla de oro”, base de una sana disciplina fiscal, creemos que ella se puede garantizar con distintas “reglas fiscales” y en esto no puede haber dogmas. Pero no entraremos a discutir este aspecto. El problema ahora es saber ¿qué se hace con los excedentes fiscales que no se pueden gastar pues son transitorios? O de una manera más simple ¿que se hace con el ahorro fiscal? Los destinos son: pagar deudas o vivir de las rentas que reporten los depósitos a plazo o los rendimientos de un fondo de activos financieros externos. El primer camino es el que más se ha ejercitado en los años recientes. Con serios reparos, pues de acuerdo a estándares internacionales la deuda pública ya era baja (del orden de 10% del PIB.) y el ahorro en pagos de intereses podía ser menor a la colocación de esos ahorros en otros activos financieros. El pago de la deuda del Banco Central (el déficit patrimonial es del orden del 4% del PIB) también es cuestionable, no solo por la falta de transparencia como cuando el fisco pagó en pesos (se estima una suma equivalente a 1000 millones de dólares) y hubo que liquidar dólares afectando con ello al tipo de cambio, a fines del 2005. Aquí parece perfectamente pertinente la pregunta que se hiciera un respetado economista (J. Quiroz): ¿Es tan importante el déficit patrimonial del Central? Si lo es, ¿en qué le ha afectado a la economía chilena? ¿Acaso ha impedido la reducción de la inflación? Las nuevas autoridades de Hacienda le han impreso un giro parcial al destino de los ahorros del fisco. En efecto, los actuales excedentes serían distribuidos a: un fondo de reserva de pensiones (0,5% PIB), otra parte para Capitalizar al Banco Central (0,5% PIB), suponemos nosotros que esto se hace para que esta institución no solo intervenga en el mercado cambiario cuando sube el dólar y compromete su meta inflacionaria sino también cuando el dólar se cae significativamente; finalmente el resto, que la mayor parte, iría destinado al fondo de estabilización del cobre. Pero además en el proyecto de responsabilidad fiscal que se discute en el Senado, el Ejecutivo ha hecho saber, inspirado en alguna medida en el Fondo Noruego, que tanto en el fondo de reserva de pensiones como en el fondo del cobre el ejecutivo va licitar el manejo y la compra de activos financieros (bonos y acciones) no solo en Chile sino que en el extranjero con lo cual se contribuye a sostener el tipo de cambio. Sin duda esta última proposición es una idea razonable pero con una acotación, cuando se hace referencia al Fondo Noruego la única similitud con Chile es que ambos son grandes exportadores de recursos naturales. En particular, Noruega concentra un 52% de sus exportaciones en petróleo y esta actividad genera un tercio de los ingresos fiscales. Pero es bueno recordar que Noruega tiene un ingreso por habitante de US$ 38.000, un sistema de protección social de primera, y un valor del capital humano que se acerca al 90% del patrimonio total del país. La economía chilena podría también pasar a ser una economía rentista por obligación pero sin nada o muy poco de lo que tiene Noruega. Ahora bien, hasta aquí, nos hemos concentrado en la magnitud y destino del ahorro fiscal, según fuentes oficiales. Pero ¿qué pasa con el aumento del gasto que sí es compatible con la regla fiscal? Desde ya la política de ahorro fiscal del gobierno en el marco del superávit estructural, está acrecentando los recursos puestos en el exterior a niveles inusitados, de tal suerte que los intereses que allí se produzcan son ingresos permanentes o estructurales que se pueden gastar. Para el año 2007 se esperan US$ 450 millones por el concepto indicado y una cifra parecida para el 2006. Pero además para el año 2007, el presupuesto tendrá mayores ingresos permanentes derivados de un precio del cobre de largo plazo superior al existente (0,99 centavos) y que se estima podría ser de 1,20 centavos. Este solo hecho determinaría un aumento de ingresos permanentes, según estimaciones privadas, entre 1,200 millones a 1.600 millones adicionales, y con un aumento del gasto que podría ubicarse entre 8 % y 11%. En síntesis estamos en presencia de una política fiscal expansiva, respetando la regla fiscal y dentro de un ciclo de elevados precios del cobre. En este contexto la posibilidad para el fisco de gastar más exige mayor rigor y una discusión más profunda. ¿Cómo evitar que esta posibilidad se transforme en un “botín de guerra” repartido según intereses corporativos de distinto peso? Pero también la posibilidad señalada es una oportunidad histórica de dar un salto en el desarrollo del país. Para que ello ocurra es necesario elevar en los próximos años la tasa de crecimiento potencial de la economía y llevarla por ejemplo del 5% actual al 7%, como dicen los economistas correr la “frontera de producción”. Lograr este objetivo supone llevar la tasa de inversión arriba del 30% del PIB y aumentar la dimensión del “capital humano” o la capacidad productiva del recurso laboral. Pero no basta con esta respuesta, pues surge una nueva interrogante: ¿dónde están los proyectos estratégicos que viabilizan lo anterior? ¿Cómo se aprovecha esta oportunidad para diversificar la canasta exportadora?). Si tomamos solo el sector energético, clave en nuestro desarrollo futuro, y la liviandad con que se están abordando sus problemas, donde las decisiones giran en torno a como evitar un racionamiento de energía, mitigar los aumentos previsibles de su precio y acelerar la construcción de gas licuado en Quintero. ¿Dónde está el plan de energía, que tienen todos los países desarrollados, donde se diseñan a 15 o 20 años la secuencia de inversión en el sector energético? Sin embargo, la visión estratégica no se agota en las proposiciones precedentes, pues también es necesario dirimir ¿Cuánto de los recursos adicionales es posible destinar a “corregir el modelo” o hacerse cargo de los rezagos estructurales que se han quedado atrás en la modernización del país? Aquí hay grandes temas como la modernización del Estado hasta temas menores pero de justicia como el daño previsional de los trabajadores del sector público que cotizan en AFP, el mejoramiento del seguro de desempleo o el apoyo al desarrollo productivo de las pymes. Igualmente importante es enfrentar estratégicamente el tema del tipo de cambio en el contexto de una política fiscal expansiva. Quemar dólares afuera a través de distintos proyectos (becas de post grado en el extranjero, infraestructura educacional y hospitalaria, etc) son iniciativas relevantes pero que es necesario priorizar. En resumen, nuevamente se atraviesa en el camino una oportunidad histórica para dar un salto en el desarrollo económico del país. Para aprovecharla es necesario tener una visión estratégica hacia donde queremos ir y por tanto no basta con solo ordenar las ideas que andan dando vuelta El mercado en este ámbito es miope por eso las grandes empresas planifican estratégicamente su desarrollo. ¿Por qué hoy no lo puede hacer el país?

Ségolène Royal y el “orden justo”

LE MONDE, DERECHOS EXCLUSIVOS PARA LA NACIÓN (www.lanacion.cl)

“El orden económico justo es un orden económico que deja de ver a Francia postrada, que la proyecta hacia arriba, que rechaza la sociedad de la “precariedad”, que rechaza la inseguridad salarial y que actúa de manera de que cada uno pueda vivir dignamente de su trabajo”.

Michel Noblecourt

Apenas pronunciada, la fórmula dio en el blanco. En Arras, en febrero, luego en Privas, en abril, Ségolène Royal postuló “un orden justo”. La presidenta de la región de Poitou-Charentes aseguró que “hay que restablecer un orden justo mediante el regreso de la confianza, por el regreso de referentes claros, por el buen funcionamiento de los servicios públicos, por normas de honestidad, que sean válidos para todos”. Y, para legitimar su posición entre los candidatos socialistas a la elección presidencial de 2007, la favorita en las encuestas apeló a los grandes ancestros: “Ya lo decía Jaurès, cuando llamaba a terminar con la injusticia que se traspasa con la sangre, de padre a hijo. Y también François Mitterrand, para quien el mayor escándalo estaba en la injusticia, culpable del desorden”.
Pero, para los socialistas, la simple utilización de la palabra “orden” es sospechosa; conservadora, como mucho; y a lo peor, reaccionaria. Entre los amigos de Dominique Strauss-Kahn, Jean-Christophe Cambadélis se conmovió. El senador socialista Jean-Luc Mélendon, animador de la corriente Por la República Social, asestó la estocada cuando escribió en “Politis” el 22 de junio: “Ségolène Royal emplea el ‘orden justo’ un mes y medio después de la aparición de la encíclica del Papa Benedicto XVI, que hace de ello un tema central y confía a los laicos la tarea de hacerse cargo del advenimiento de este orden justo”.
¡Diablos, Ségolène Royal y Benedicto XVI combaten juntos! De hecho, Mélenchon tiene razón. En su encíclica “Dios es amor”, publicada el 25 de enero, el Papa escribe que “el orden justo de la sociedad y del Estado es el deber esencial del político”. Y el otrora cardenal Ratzinger agrega: “Un Estado que no esté regido por la justicia se reduciría a una gran banda de pillos, como dijo un día San Agustín”. El concepto de “orden justo” tiene su raíz en la “Summa Teológica” de Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Pío XII lo retomó en 1953. Con el mismo espíritu, la constitución de la Confederación Helvética aspira a “hacer todo, con la ayuda de Dios (...) para crear un orden justo por el bien de todos”.
Durante décadas, todo lo que se refiriera a orden tuvo una connotación negativa para los socialistas. La derecha aludía al “orden justo” contenido en el catolicismo social, para oponerse al “movimiento” encarnado por los progresistas y los revolucionarios. Tras las insurrecciones obreras de 1848, fue en un partido del orden donde se unieron los orleanistas, los legitimistas y los conservadores para ganar las elecciones legislativas de 1849. A fines del siglo XIX, el mariscal Mac Mahon intentará imponer su “orden moral”. Cuando en junio de 1933, durante el 30º Congreso de la SFIO (“Sección Francesa de la Internacional Obrera”), Adrien Marquet, el alcalde neosocialista de Bordeaux que, tras su exclusión del Partido Socialista adhirió al régimen de Vichy, defendió “el orden, la autoridad y la Nación”, León Blum se declaró “espantado”. El orden: ¿antinómico del socialismo?
En un artículo publicado en “Les Notes” de la Fundación Jean Jaurès, en abril de 2004, acerca de “El problema de las libertades en el socialismo”, la filósofa Monique Canto-Sperber aporta otra pista: “El socialismo nació de un intenso sentimiento de desorden social. Saint-Simon, Fourier, Prudhon hacen irrisorio el optimismo liberal según el cual la libertad total en los intercambios, en el trabajo y en los contratos terminará produciendo la abundancia, condición óptima para la materialización del mejor estado social”.
Ante la “anarquía industrial”, Canto-Sperber destaca que “los primeros pensadores socialistas tenían la ambición de recrear una sociedad cohesionada, con espíritu común, por medio de reformas concretas. El remedio que ellos recomendaban era insertar la iniciativa individual, sobre todo la económica, en cuadros colectivos, “socializarla” en el sentido estricto y traducir eventualmente esta socialización en una organización del conjunto de la sociedad”. ¿Orden socialista y desorden liberal?
Tampoco fue Royal la primera en reintroducir el concepto de orden entre los socialistas. En septiembre de 1996, en su resolución final, el 20º congreso de la Internacional Socialista, reunido en Nueva York, hace votos por “la aparición de un orden mundial justo y tranquilo”. Aunque en su programa para 2007, el PS se abstiene de retomar el concepto de “orden justo”, se encuentran huellas en una síntesis de la comisión del programa de seguridad, publicada el 15 de marzo. “El Partido Socialista”, se indica allí, “fijará como uno de sus objetivos prioritarios la instauración de un ‘orden justo’ y de una ‘seguridad perdurable’”.
Presto a desmarcarse del espíritu “libertario” de mayo del ’68, Jean-Pierre Chevènement reivindica su adhesión al orden... republicano. Lionel Jospin manifestó como Primer Ministro una sensibilidad cercana. En su último libro “El mundo, como yo lo veo”, al exponer su análisis -hoy compartido por Royal- sobre la “exigencia de seguridad” que surge de las capas populares, Jospin proclama: “Es necesario entonces asumir el valor del orden, es decir, del respeto a las reglas”. E insiste en que “no hay libertad sin orden, es decir, sin normas, sin costumbres, sin leyes. El orden es consubstancial a la libertad, y la República, cuidadosa del interés general, se aboca a conciliar el orden público y la libertad del ciudadano”. Jospin no emplea el concepto de “orden justo”, pero es el mismo espíritu.
Atenta a las críticas, Royal rectificó ligeramente la puntería, para hablar ahora de un “orden económico y social justo”. El 15 de junio declaró que “el orden económico justo es un orden económico que deja de ver a Francia postrada, que la proyecta hacia arriba, que rechaza la sociedad de la “precariedad”, que rechaza la inseguridad salarial y que actúa de manera de que cada uno pueda vivir dignamente de su trabajo”.
Cuidadosa en desmarcarse de su ex colega en el gobierno, Martine Aubry se negó el 25 de junio en el programa RTL-LCI-Le Figaro a hacerse cargo del concepto de “orden justo”. Instalada en el sillón de Albert Camus (“no existe orden sin justicia”) la alcaldesa de Lille manifestó que “cuando hay justicia, llega el orden. Ante la sociedad del miedo hay otro modelo: una Francia justa”. ¿Una Francia justa? Fue el eslógan del candidato Jospin en 2002...